El arancel adicional del 25% impuesto por Estados Unidos sobre parte de las importaciones procedentes de Brasil comenzó a aplicarse este miércoles, en una nueva escalada de las tensiones comerciales entre ambos países. La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, se basa en una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), que concluyó que varias políticas brasileñas generan condiciones consideradas desfavorables para las compañías estadounidenses.
Washington cuestionó, entre otros puntos, el sistema de pagos electrónicos PIX, las restricciones de acceso a determinados sectores del mercado brasileño —como el automotor y el de combustibles—, así como aspectos vinculados con la propiedad intelectual, la lucha contra la corrupción y la deforestación ilegal. Según las estimaciones oficiales, el nuevo gravamen alcanzará cerca del 18% de las exportaciones brasileñas hacia el mercado estadounidense, aunque entidades empresariales advierten que el impacto podría extenderse hasta un tercio de los envíos.
Los sectores más expuestos a la medida son los de maquinaria industrial, azúcar, etanol, madera y calzado. Sin embargo, Estados Unidos dejó fuera del nuevo arancel a unos 2.100 productos estratégicos, entre ellos carne, café, petróleo, jugo de naranja, componentes para la industria aeronáutica y tierras raras, insumos considerados clave para la economía estadounidense.
Brasil evita una escalada comercial
Aunque en un primer momento el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció que estudiaba activar los mecanismos previstos en la denominada Ley de Reciprocidad para responder a la decisión de Washington, en los últimos días moderó su postura. El vicepresidente Geraldo Alckmin aseguró que la prioridad será respaldar a los sectores afectados y mantener abierta la vía del diálogo, al considerar que una guerra comercial perjudicaría a ambas economías.
En ese contexto, el Ejecutivo lanzó una línea de crédito por 18.500 millones de reales destinada a aliviar el impacto sobre las empresas brasileñas. Al mismo tiempo, continúa evaluando alternativas frente a la ofensiva comercial estadounidense, mientras enfrenta la posibilidad de nuevas sanciones, ya que Brasil figura entre los países investigados por un supuesto uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas, un proceso que podría derivar en un arancel adicional del 12,5%.
La disputa comercial se desarrolla, además, en plena campaña para las elecciones presidenciales de octubre. Lula, que buscará un cuarto mandato no consecutivo, ha evitado confrontar públicamente con Trump y sostuvo que responderá cuando el mandatario estadounidense explique los motivos de las medidas. El escenario también adquiere un fuerte componente político interno, ya que uno de sus principales rivales es el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aliado del líder republicano.

