El presidente salvadoreño Nayib Bukele fue ungido durante el fin de semana como candidato de su partido, Nuevas Ideas, para buscar un tercer período consecutivo al frente del país, en las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027. La proclamación se dio en el marco de las elecciones internas de la agrupación oficialista, en las que Bukele se presentó como único aspirante a la presidencia, mientras la militancia también eligió, mediante votación electrónica presencial, a sus candidatos a diputados y autoridades municipales. De resultar electo —algo que las encuestas dan prácticamente por descontado—, el mandatario de 44 años permanecería en el poder hasta 2033, tras haber asumido por primera vez en junio de 2019.
El camino hacia esta nueva candidatura quedó allanado en julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa, controlada por el propio oficialismo, reformó la Constitución para habilitar la reelección presidencial sin límites. La misma reforma extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral, de modo que la fórmula ganadora será la que obtenga simplemente la mayor cantidad de votos válidos. Para lograr que las elecciones presidenciales coincidan con los comicios locales y legislativos, el período actual de Bukele —que había comenzado en 2024— fue recortado, y culminará en 2027. La oposición legislativa, minoritaria, calificó entonces la reforma como una señal del deterioro democrático en el país.
Una popularidad sostenida por la baja en la criminalidad
El respaldo con el que cuenta Bukele, que según distintos sondeos supera el 85%, se apoya en buena medida en la drástica caída de los índices de violencia desde la implementación del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Bajo ese esquema, las autoridades reportan la detención de más de 92.000 personas y el desmantelamiento de estructuras como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, agrupaciones que Estados Unidos había declarado organizaciones terroristas. Para buena parte de la ciudadanía, la posibilidad de circular con menor temor representa un cambio sustancial frente a los años en que el país figuraba entre los más violentos del mundo sin estar en guerra.
Ese respaldo se refleja también en el retroceso de los partidos tradicionales. Arena y el FMLN, que gobernaron El Salvador durante tres décadas combinadas tras el fin de la guerra civil en 1992, fueron perdiendo terreno electoral de forma sostenida y hoy no logran configurarse como alternativas competitivas frente al oficialismo. Analistas consultados por medios internacionales atribuyen este fenómeno a un cambio en el comportamiento del electorado, que —dicen— vota cada vez menos por partidos o ideologías y más por figuras y resultados concretos, en un patrón que se repite en otros países de la región.
Cuestionamientos por concentración de poder y derechos humanos
El control que ejerce Bukele no se limita al Poder Ejecutivo: Nuevas Ideas cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, lo que le ha permitido designar magistrados afines en la Corte Suprema de Justicia —incluida la Sala de lo Constitucional, que avaló su segunda candidatura pese a la prohibición constitucional vigente en ese momento—. Esta concentración institucional ha llevado a organizaciones de derechos humanos, tanto internacionales como locales, a señalar al mandatario como un líder de tendencias autoritarias, mientras él mismo se ha autodefinido públicamente con humor como un «dictador cool». Entre los episodios más cuestionados figura la detención, durante 2025, de defensores de derechos humanos como la abogada Ruth López, así como el confinamiento por cuatro meses de 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, quienes tras ser liberados denunciaron torturas y malos tratos en la megacárcel construida para pandilleros.
De cara a febrero, Bukele competirá nuevamente junto a su vicepresidente, Félix Ulloa, sin que se avizore una fuerza opositora capaz de disputarle el poder. Para algunos analistas, los principales desafíos de un eventual tercer mandato no pasarán tanto por lo político como por lo económico: el estancamiento del empleo, el encarecimiento de la canasta básica y de los combustibles son factores que, de no atenderse, podrían erosionar parte del amplio respaldo social que hoy sostiene al mandatario salvadoreño.