El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a referirse a la crisis migratoria que desbordó Ceuta a finales de julio y negó que existan indicios de una participación de las autoridades marroquíes en el ingreso masivo de personas al enclave. En su primera entrevista extensa sobre el episodio desde aquellos acontecimientos, el mandatario apuntó en cambio contra redes vinculadas a Rusia, Israel y sectores de la ultraderecha internacional, a las que acusó de utilizar la cuestión migratoria para generar desinformación y profundizar la polarización en España y Europa.
Sánchez sostuvo que los servicios de seguridad españoles y el Centro Nacional de Inteligencia no encontraron información que permita atribuir a Rabat algún tipo de responsabilidad en los cruces del 30 y 31 de julio. Según explicó, Marruecos incluso colaboró posteriormente con España para contener la llegada de personas desde la zona fronteriza. El presidente reconoció, de todos modos, que todavía no existe una reconstrucción completa de lo ocurrido durante aquellas jornadas, mientras defendió la necesidad de mantener la cooperación con el país vecino para evitar nuevos episodios.
Una acusación con impacto internacional
La parte más controvertida de sus declaraciones estuvo vinculada al papel de las redes sociales. Sánchez afirmó que el Servicio Europeo de Acción Exterior detectó actividad de redes relacionadas con Rusia e Israel en la difusión de contenidos falsos sobre las condiciones de ingreso y permanencia en Ceuta. El mandatario relacionó esa supuesta campaña con las posiciones internacionales de su Gobierno, particularmente con sus críticas a la invasión rusa de Ucrania y a las operaciones israelíes en Gaza. No obstante, Sánchez no presentó públicamente durante la entrevista los elementos concretos que permitirían comprobar esas atribuciones.
La respuesta israelí llegó pocas horas después. El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, acusó al jefe del Gobierno español de difundir acusaciones falsas contra Israel y cuestionó su gestión de la crisis migratoria. El cruce entre ambos gobiernos se produce en un contexto de fuertes diferencias diplomáticas por la guerra en Gaza y convierte al episodio de Ceuta en un nuevo punto de tensión dentro de una relación ya deteriorada.
Mientras tanto, la dimensión interna de la crisis continúa creciendo. Las estimaciones oficiales ubican entre 70.000 y 80.000 los cruces irregulares registrados durante los dos días de mayor presión migratoria, aunque la mayoría de esas personas regresó posteriormente a Marruecos. Madrid calcula que unas 5.000 permanecen todavía en Ceuta, entre ellas alrededor de 1.200 menores no acompañados. La situación generó presión sobre los servicios públicos y derivó en protestas, incidentes de violencia y enfrentamientos alrededor de algunos asentamientos improvisados.
Marruecos, una relación estratégica
El Gobierno de Sánchez busca mantener la cooperación con Rabat pese a las críticas provenientes de distintos sectores de la política española. El presidente considera que el control de la frontera y la gestión de los flujos migratorios dependen en buena medida de la coordinación con Marruecos, país que comparte con España las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. La oposición y sectores de la izquierda, sin embargo, cuestionaron la posición del Ejecutivo y reclamaron mayores explicaciones sobre el papel desempeñado por las autoridades marroquíes durante la crisis.
A esta situación se suma el impacto económico y social que enfrenta Ceuta. Sánchez anunció una partida adicional de 168 millones de euros para impulsar la recuperación del enclave, que se suma a otros 180 millones destinados previamente a medidas de mediano plazo. Mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido y sobre la circulación de contenidos engañosos en internet, el Gobierno español enfrenta el desafío de contener la tensión interna y, al mismo tiempo, aportar evidencias que respalden sus acusaciones sobre una eventual intervención extranjera en la dimensión digital de la crisis.