El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, formalizó este miércoles el decreto de emergencia económica, social y ecológica en respuesta al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto. La medida, publicada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, rige por treinta días en quince departamentos y busca, según el propio mandatario, «conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre» considerado el más grave que atraviesa el país en lo que va del siglo.
La magnitud de la tragedia
El balance oficial presentado por De la Espriella al mediodía de este miércoles da cuenta de 314 personas fallecidas, aunque el Instituto de Medicina Legal precisó haber recibido e identificado 319 cuerpos. El sismo, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, dejó además 262.154 damnificados agrupados en 147.464 familias, 4.437 heridos y 262 personas que continúan desaparecidas, en un total de 471 municipios afectados. En materia de infraestructura, el relevamiento contabilizó 30.664 viviendas totalmente destruidas, 136.946 con daños parciales, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con afectaciones estructurales.
Qué habilita el decreto
La declaración de emergencia económica funciona como una herramienta legal que le permite al Gobierno colombiano canalizar de manera más ágil fondos nacionales e internacionales para financiar la reconstrucción. Mientras esté vigente, el Ejecutivo podrá dictar decretos legislativos con fuerza de ley para adoptar todas las medidas que considere necesarias, además de realizar las operaciones presupuestarias y de crédito público que resulten indispensables para ejecutarlas. Esta formalización llega después de un primer anuncio de la semana pasada, cuando el mandatario había adelantado la medida pero luego prefirió esperar a esta semana para publicar el decreto definitivo.
Entre los principales instrumentos previstos, De la Espriella había anticipado la creación de un «fondo milagro», destinado específicamente a reunir recursos para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, vías y aeropuertos dañados por el sismo. En paralelo, el Gobierno trabaja junto a su equipo económico en un paquete de alivios temporales para las familias damnificadas, que contempla el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron su vivienda, beneficios tributarios y financieros, ayudas económicas para los sectores más vulnerables y mecanismos de respaldo específicos para comerciantes y pequeños empresarios afectados por la catástrofe.