Siete meses después de que Donald Trump anunciara que su país «dirigiría» Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Washington se convirtió en el principal actor internacional en la asistencia a ese país tras el doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 3.500 muertos y decenas de miles de damnificados. El despliegue estadounidense fue inmediato: en menos de 24 horas se anunciaron US$150 millones en ayuda y el envío de más de 250 especialistas en rescate, mientras el Comando Sur movilizaba aviones, helicópteros y buques militares hacia territorio venezolano.
Una asistencia que también implica control operativo
Más allá de la ayuda humanitaria, las fuerzas estadounidenses asumieron un rol central en la gestión de la emergencia: tomaron el control del tráfico aéreo del aeropuerto de Maiquetía —el principal del país y el más golpeado por los sismos— y de la logística de distribución de la ayuda que llega a esa terminal. Según el Comando Sur, para inicios de julio había cerca de 2.000 tropas estadounidenses trabajando en el terreno, apoyadas por buques como el USS Fort Lauderdale, la primera nave de la Armada en atracar en un puerto venezolano en décadas. Hasta el 8 de julio, la asistencia total de Washington superaba los US$386 millones, muy por encima de la de cualquier otro país donante, lo que se tradujo en altos niveles de confianza entre la población venezolana: según una encuesta reciente, un 75% de los consultados confía en que Estados Unidos contribuirá a la reconstrucción, muy por encima de la Unión Europea, la ONU o China.
Pese al volumen de la ayuda, no faltaron las críticas. Analistas señalaron que resulta contradictorio hablar de generosidad cuando el gobierno estadounidense también controla los ingresos petroleros venezolanos desde la captura de Maduro, un negocio que en los primeros cuatro meses del año movió cerca de US$8.000 millones, sin que Washington haya transparentado su destino.
Las imágenes con Cabello que generaron ruido político
El mayor foco de controversia surgió de los encuentros entre altos funcionarios estadounidenses —el general Francis Donovan y el encargado de negocios John Barrett— y el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, señalado por Washington como narcoterrorista y con una recompensa de US$25 millones sobre su cabeza. Las fotos de esos encuentros, cordiales y públicos, alimentaron especulaciones sobre un eventual acercamiento entre la Casa Blanca y el chavismo, en momentos en que crecen las dudas sobre una verdadera transición democrática. Para algunos analistas, se trata simplemente de una respuesta pragmática ante una catástrofe; para otros, la imagen erosiona el discurso histórico de Washington contra el chavismo, algo que también generó incomodidad dentro de las propias filas oficialistas.
A esa polémica se sumaron versiones sobre supuestas reticencias del gobierno de Trump a permitir el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, ausente del país desde diciembre. Funcionarios estadounidenses no identificados habrían calificado sus intentos de volver como «oportunismo político», aunque oficialmente Washington evitó pronunciarse con claridad sobre el tema. Para algunos especialistas, más allá de estas tensiones, el mérito de Estados Unidos radica en haber permitido —a diferencia de crisis humanitarias anteriores en el país— que la ayuda internacional llegue de forma directa a las organizaciones no gubernamentales sobre el terreno.