El expresidente peruano Ollanta Humala recuperó la libertad luego de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el proceso judicial que lo había condenado a 15 años de prisión por lavado de activos. La resolución dejó sin efecto tanto la sentencia dictada en abril de 2025 como todas las medidas derivadas de esa causa, al considerar que durante el juicio se vulneraron principios constitucionales vinculados al derecho penal.
Humala había sido condenado junto a su esposa, Nadine Heredia, por presuntamente haber recibido aportes irregulares para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011. La acusación señalaba que parte de esos fondos provenían de la constructora brasileña Odebrecht y del entonces gobierno venezolano de Hugo Chávez. Mientras el exmandatario permanecía detenido desde el fallo condenatorio, Heredia obtuvo asilo político en Brasil y abandonó Perú junto a uno de sus hijos.
Un cambio de criterio judicial
El Tribunal Constitucional sostuvo que los hechos atribuidos a Humala no podían ser juzgados bajo la figura de lavado de activos porque, al momento en que ocurrieron los presuntos aportes, esa conducta todavía no estaba contemplada como delito en la legislación peruana. En ese sentido, los magistrados concluyeron que aplicar una norma incorporada años después violaba el principio de legalidad, que impide sancionar hechos que no eran punibles cuando fueron cometidos.
La decisión también ordenó anular toda la investigación y las actuaciones judiciales posteriores, además de dejar sin efecto las órdenes de captura vinculadas al expediente. Tras conocerse el fallo, la Justicia dispuso la excarcelación inmediata del exmandatario, quien abandonó el penal de Barbadillo luego de permanecer allí alrededor de 15 meses.
El criterio adoptado por el Tribunal Constitucional ya había sido aplicado recientemente en el caso de la actual presidenta Keiko Fujimori, cuyo proceso por presunto lavado de activos también fue archivado. En ambos expedientes, la Justicia entendió que los aportes de campaña investigados no podían ser encuadrados penalmente bajo esa figura delictiva por tratarse de hechos anteriores a la modificación de la normativa.
Al salir de prisión, Humala afirmó que fue víctima de una persecución política y judicial y volvió a rechazar haber recibido financiamiento ilegal para sus campañas. La resolución representa uno de los giros más relevantes en las investigaciones derivadas del caso Odebrecht en Perú, una trama de corrupción que involucró durante años a expresidentes, funcionarios y dirigentes políticos de distintos países de América Latina.