España continúa desplegando un amplio operativo en la ciudad autónoma de Ceuta luego del ingreso irregular de alrededor de 50.000 migrantes procedentes de Marruecos en apenas 24 horas, en una de las mayores crisis migratorias registradas en ese enclave. El Gobierno envió efectivos del Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil para reforzar la seguridad, mientras las autoridades locales intentan recuperar el control de la situación.
Según informó el Ministerio del Interior, unas 37.500 personas ya fueron retornadas a Marruecos, aunque el proceso de repatriación continúa. La emergencia también dejó un saldo de al menos 57 fallecidos durante los intentos de cruce, la mayoría por ahogamiento, mientras miles de personas permanecieron durante horas concentradas en la zona fronteriza de El Tarajal, donde incluso se registraron filas de varios kilómetros.
Repatriaciones, debate político y medidas excepcionales
Tras recorrer Ceuta y reunirse con las fuerzas de seguridad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la situación como una «violación de la integridad territorial» de España y atribuyó la avalancha migratoria a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas. El mandatario sostuvo que estas redes aprovecharon una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de quienes ingresan por vía marítima para incentivar el cruce hacia territorio español.
Como parte de la respuesta, el Ejecutivo anunció la instalación de una barrera de boyas en el espigón fronterizo para dificultar nuevos ingresos por mar y facilitar la aplicación del procedimiento de devolución establecido por la Justicia. Paralelamente, Sánchez aseguró que el Estado utilizará todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad en Ceuta y agradeció la colaboración de Marruecos en el operativo de retorno de los migrantes.
La crisis también generó un fuerte enfrentamiento político dentro de España. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió que la ciudad atraviesa una situación «absolutamente insostenible» y reclamó al Gobierno central medidas extraordinarias, entre ellas la declaración del estado de emergencia nacional. Desde el Partido Popular cuestionaron la política migratoria del Ejecutivo y reclamaron una reforma de la legislación para permitir devoluciones inmediatas también en los ingresos por vía marítima.
El impacto del episodio trascendió las fronteras españolas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sostuvo que la llegada masiva de migrantes demuestra la necesidad de endurecer los controles en las fronteras europeas e incluso planteó la posibilidad de adoptar medidas excepcionales vinculadas al espacio Schengen. Desde Madrid rechazaron esas críticas y defendieron la estrategia oficial, al tiempo que insistieron en que el foco debe estar puesto en combatir a las redes de tráfico de personas y en acelerar las repatriaciones para aliviar la presión sobre Ceuta.