El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió este viernes una derrota en el Congreso de los Diputados después de que la Cámara rechazara los dos decretos impulsados para hacer frente a la crisis de vivienda. Las iniciativas, respaldadas por el PSOE y Sumar, no consiguieron reunir los apoyos necesarios tras el voto negativo del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya. El primer texto fue rechazado por 178 votos contra 172, mientras que el segundo terminó con 184 en contra y 166 a favor.
La caída de las medidas tuvo lugar en medio de una creciente movilización social por el acceso a la vivienda. Las protestas se intensificaron después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante décadas en su vivienda de Madrid y que posteriormente pudo regresar a ella. La acampada instalada en la Puerta del Sol y las manifestaciones frente al Congreso volvieron a colocar el problema de los alquileres y los desalojos en el centro del debate nacional, mientras organizaciones de inquilinos anunciaron nuevas movilizaciones.
Qué incluían los decretos rechazados
El paquete presentado por el Ejecutivo contemplaba distintas medidas para ampliar la protección de los inquilinos. Entre ellas figuraban la extensión hasta 2030 de determinadas medidas contra los desahucios, prórrogas extraordinarias de contratos, regulación de los alquileres temporarios y límites a operaciones de compra de viviendas por parte de fondos de inversión y grandes operadores. El segundo decreto establecía principalmente la renovación automática de contratos de alquiler en determinadas circunstancias. Junts reclamó retirar los textos y planteó negociar una propuesta alternativa, mientras el PP y Vox cuestionaron que estas medidas fueran la vía adecuada para aumentar la oferta.
El rechazo parlamentario se produjo además en un contexto de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario español. Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda aumentó un 12,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, con una suba del 12,9% en las propiedades usadas. La discusión enfrenta así distintas posiciones sobre cómo incrementar la oferta, proteger a los inquilinos y limitar determinadas operaciones especulativas, mientras sectores vinculados a la propiedad advierten sobre posibles efectos negativos de una mayor regulación.
La derrota también abrió una nueva incógnita sobre la continuidad de la legislatura. Fuentes citadas por la prensa española señalaron que Sánchez inició un período de reflexión y analizará durante el fin de semana si convoca elecciones anticipadas. El calendario ordinario contempla comicios generales en 2027, pero una eventual convocatoria podría llevar a los españoles a las urnas a finales de noviembre. La posibilidad aparece en un momento especialmente complejo para un Gobierno que no cuenta con mayoría propia en el Congreso y necesita acuerdos con distintas fuerzas para aprobar sus iniciativas.
Sánchez defendió las medidas hasta el último momento y pidió a los diputados que respaldaran una respuesta ante la crisis habitacional, mientras que las fuerzas opositoras responsabilizaron al Ejecutivo por presentar decretos que, según sus argumentos, no resolverían el problema de fondo. Fuera del Parlamento, los sindicatos de inquilinos anunciaron que mantendrán la presión en las calles. La combinación entre la derrota legislativa, el encarecimiento de la vivienda y la posibilidad de un adelanto electoral convirtió el conflicto habitacional en uno de los principales focos de tensión política de España.