El Gobierno de Donald Trump oficializó un nuevo arancel del 25% sobre una amplia gama de productos brasileños, una medida que entrará en vigencia el 22 de julio y que se suma a la larga lista de tensiones comerciales entre Washington y Brasilia. La decisión surge tras una investigación de un año realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la ley de comercio estadounidense, que concluyó que varias políticas brasileñas resultan «irrazonables» y perjudican a las empresas de ese país. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue el encargado de anunciar la medida y acusó directamente al presidente brasileño de no haber negociado «de buena fe» durante el último año.
Los motivos detrás del arancel
Entre los principales cuestionamientos que enumeró la USTR se destaca el funcionamiento del sistema de pagos electrónicos Pix, desarrollado por el Banco Central brasileño, al que Washington acusa de perjudicar a empresas estadounidenses como Visa, Mastercard y Google Pay. A eso se suman críticas por las políticas de acceso al mercado del etanol, la regulación del comercio digital, la protección de la propiedad intelectual y la deforestación ilegal. Pese al alcance de la medida, el esquema contempla una extensa lista de más de 2.100 excepciones, que deja afuera a productos clave de la exportación brasileña como la carne bovina, el café, el jugo de naranja, la celulosa y las piezas para aeronaves, en un intento de reducir el impacto sobre las cadenas de suministro estadounidenses.
La respuesta de Brasil
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión como «un hito lamentable» en la relación bilateral y anunció que su Gobierno pondrá en marcha de inmediato la Ley de Reciprocidad para aplicar medidas equivalentes sobre productos estadounidenses, además de reactivar el reclamo ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. Desde Brasilia insistieron en que la relación comercial bilateral no justifica el argumento de competencia desleal: según cifras oficiales, Estados Unidos acumula un superávit comercial de más de 424.000 millones de dólares con Brasil en los últimos 15 años, y el 76% de las importaciones estadounidenses ingresan al país sudamericano sin pagar aranceles.
Lula fue más allá de la disputa comercial y responsabilizó directamente a la familia del expresidente Jair Bolsonaro por la escalada arancelaria, a la que acusó de haber colaborado con Washington por intereses electorales. La acusación se da en un contexto especialmente sensible: en octubre, Lula buscará la reelección enfrentando en las urnas a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario condenado a 27 años de prisión por su intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Flávio había viajado recientemente a Washington para pedir que se postergara la aplicación de los aranceles hasta después de los comicios, aunque negó haber solicitado la medida.
El impacto político podría superar al económico
Antecedentes recientes sugieren que el nuevo tarifazo podría beneficiar políticamente a Lula, tal como ocurrió el año pasado cuando Trump impuso un arancel del 50% a Brasil en un contexto directamente vinculado al proceso judicial contra Bolsonaro. En aquella oportunidad, el mandatario brasileño logró capitalizar la tensión con un discurso de defensa de la soberanía nacional que impulsó su imagen pública. Según una encuesta reciente del Instituto Quaest, Lula ya aventaja por ocho puntos a Flávio Bolsonaro, cuya imagen se ve afectada por su cercanía con las políticas de la Casa Blanca y por distintas controversias personales.