Italia y Dinamarca reforzaron su posición a favor de una política migratoria más restrictiva dentro de la Unión Europea. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su par danesa, Mette Frederiksen, difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron la denominada “inmigración descontrolada” y reclamaron nuevas herramientas para acelerar la devolución de personas que no cuentan con autorización para permanecer en territorio europeo.
Las dos dirigentes, que pertenecen a corrientes políticas diferentes, justificaron su acercamiento en la necesidad de reforzar el control de las fronteras y responder a las preocupaciones de sus sociedades. En el documento señalaron que la inmigración irregular genera presión sobre los servicios públicos y afecta la confianza de la ciudadanía, además de vincularla con delitos como el narcotráfico y la violencia. Sus afirmaciones se producen en un contexto de creciente debate dentro del bloque sobre cómo gestionar los flujos migratorios.
Un modelo que busca salir de las fronteras europeas
Uno de los principales planteos del comunicado es la creación de centros de repatriación en países terceros, una alternativa que permitiría trasladar fuera de la UE a personas que tengan una orden de expulsión mientras se concreta su retorno. Meloni ya impulsa este esquema a partir de la experiencia italiana en Albania y ambas dirigentes plantearon extenderlo hacia otros países, incluidos algunos del continente africano.
La propuesta se inscribe en una discusión que ganó espacio en las instituciones europeas. En junio, el Parlamento Europeo respaldó un acuerdo para establecer un sistema común de retorno que contempla la posibilidad de utilizar instalaciones ubicadas fuera de la Unión. Su aplicación, sin embargo, requiere acuerdos con los países receptores y debe ajustarse a las normas europeas e internacionales, incluido el principio de no devolución y las garantías para las personas sujetas a procedimientos migratorios.
La tensión con España
El posicionamiento de Roma y Copenhague también llega en medio de diferencias entre varios gobiernos europeos sobre la gestión de las fronteras. Italia y España mantienen un conflicto reciente por la política migratoria y por la decisión de ambos países de establecer controles en puertos y aeropuertos para determinados viajeros procedentes del otro Estado, después de los acontecimientos registrados en Ceuta.
Roma ha cuestionado particularmente las medidas adoptadas por Madrid y reclamó que las decisiones migratorias sean coordinadas a nivel comunitario. El canciller italiano, Antonio Tajani, sostuvo que las políticas de un país no deberían trasladar sus consecuencias al resto de los socios europeos y defendió una estrategia común para proteger las fronteras exteriores.
La iniciativa de Meloni y Frederiksen, no obstante, enfrenta resistencias dentro de la propia Unión Europea. Algunos gobiernos consideran que los centros externos pueden generar problemas vinculados con sus costos, eficacia y garantías jurídicas, mientras organizaciones humanitarias advierten sobre las dificultades para asegurar derechos fundamentales cuando los procedimientos se desarrollan fuera del territorio comunitario. De esta manera, el endurecimiento migratorio vuelve a convertirse en uno de los principales puntos de debate entre los países del bloque.