A cinco meses de asumir la Presidencia, José Antonio Kast logró destrabar en el Congreso chileno la reforma económica más ambiciosa de su gestión y, casi de inmediato, anunció un segundo eje central de su mandato: una amplia agenda legislativa para endurecer la lucha contra el crimen organizado. Con estos dos frentes, el mandatario busca consolidar las dos banderas que definieron su campaña presidencial —crecimiento económico y seguridad—, aunque ambas iniciativas todavía deben sortear obstáculos legales y políticos antes de desplegar sus efectos concretos.
Una reforma tributaria con aprobación, pero no sin condicionamientos
El Congreso despachó esta semana la denominada megarreforma tributaria y económica, que modifica 36 leyes y 15 decretos con el objetivo de reactivar una economía que, según el diagnóstico oficial, lleva años creciendo por debajo de su potencial. Su medida más relevante es la reducción gradual del impuesto a las utilidades empresariales, que pasará del 27% al 23% hacia 2029, acompañada de otros cambios como la exención de IVA para la compra de viviendas, incentivos para la repatriación de capitales y un régimen de estabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a los 50 millones de dólares. «Con esta ley (…) Chile comienza nuevamente a crecer, vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso», celebró el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación. Sin embargo, la entrada en vigencia plena de la norma no será inmediata: el propio Ejecutivo anunció que impulsará un veto parcial para eliminar artículos incorporados por la oposición durante el debate, como el llamado derecho al olvido financiero, mientras que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre otros puntos sensibles, entre ellos el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones y las normas sobre concesiones acuícolas.
Un debate económico con posiciones enfrentadas
La rebaja del impuesto corporativo concentra buena parte de la discusión pública. El Gobierno sostiene que Chile perdió competitividad frente a otros países de la OCDE que redujeron su carga tributaria empresarial en las últimas décadas, mientras el país sudamericano la elevó del 15% al 27%. Los críticos, en cambio, advierten sobre los riesgos fiscales de la medida: la economista Andrea Repetto la definió como una propuesta con «costos claros y beneficios inciertos», en línea con las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional, que señalaron un impacto fiscal negativo si el crecimiento esperado no logra compensar la caída inicial de la recaudación. Especialistas también recordaron experiencias como la reforma tributaria de Donald Trump en 2017, cuyo ahorro impositivo terminó en gran medida destinado a recompras de acciones más que a nuevas inversiones productivas.
El segundo frente: una agenda contra el crimen organizado
Con la reforma económica prácticamente encaminada, Kast utilizó una cadena nacional para presentar el siguiente gran eje de su gestión: la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 proyectos de ley que incluye, como punto de partida, una reforma constitucional para consagrar expresamente la protección de la seguridad como un deber del Estado. «Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación», planteó el mandatario desde el Palacio de La Moneda. Entre las medidas anunciadas figuran la tipificación como delito de la sola pertenencia a una organización criminal, la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, un régimen penitenciario especial para narcotraficantes, la creación de una agencia estatal para decomisar y destruir bienes vinculados al crimen organizado, y un endurecimiento de las políticas de retención y expulsión de migrantes en situación irregular.
La iniciativa responde a un deterioro sostenido de los indicadores de seguridad en el país: la tasa de homicidios llegó a 5,4 cada 100.000 habitantes en 2025, prácticamente el doble que una década atrás, en paralelo a un aumento de delitos como secuestros, extorsiones y narcotráfico, fenómenos vinculados a la expansión de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua. Aunque Chile no es un país productor de droga, su extensa red portuaria lo convirtió en un punto de tránsito relevante hacia mercados de Asia, Europa y Estados Unidos, lo que favoreció el asentamiento de estructuras criminales internacionales. Kast espera que el paquete de medidas de seguridad quede aprobado antes de Navidad, aunque ya despertó cuestionamientos desde la oposición, que reclama la ausencia de medidas como el levantamiento del secreto bancario para investigar el patrimonio de organizaciones criminales y advierte sobre los riesgos de ampliar facultades estatales sin reforzar, al mismo tiempo, los mecanismos de control institucional.