La líder conservadora Keiko Fujimori recibió este miércoles en el Gran Teatro Nacional de Lima las credenciales que la acreditan como presidenta electa de Perú para el período 2026-2031, tras haber ganado el balotaje del 7 de junio por un margen de casi 50.000 votos sobre el candidato progresista Roberto Sánchez. El acto, encabezado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, contó con la presencia del mandatario saliente José María Balcázar y marcó el cierre formal de uno de los procesos electorales más complejos de la historia reciente del país, que incluyó 35 fórmulas presidenciales, fallas logísticas en la primera vuelta y acusaciones sin respaldo de fraude por parte de varios sectores. Fujimori asumirá el poder el próximo 28 de julio, día de la independencia peruana.
En su discurso tras recibir las credenciales, la dirigente de Fuerza Popular apostó por un tono conciliador. «Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, sino aprender a construir sobre aquello que nos une», afirmó, convocando a fuerzas políticas, organizaciones sociales, gremios y sector privado a colaborar con su gobierno. También prometió combatir la pobreza que afecta al 25,7% de la población, reducir la desnutrición infantil y formar un gabinete de técnicos independientes del partido. «El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, necesita uno que los resuelva», sostuvo.
Su llegada al poder supone el regreso del fujimorismo a la presidencia un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el ex mandatario Alberto Fujimori, cuyo legado sigue dividiendo profundamente a la sociedad peruana. Keiko, de 51 años, se convierte además en la primera mujer en acceder a la presidencia por voto directo en 205 años de república, dado que su predecesora Dina Boluarte llegó al cargo de manera indirecta tras la destitución de Pedro Castillo en 2022.
Los desafíos que la esperan
El panorama que enfrenta la presidenta electa es complejo. Perú tuvo nueve presidentes en diez años, y Fujimori no cuenta con mayoría en el Congreso, lo que pone en duda su capacidad de gobernar con estabilidad. El país atraviesa además su peor crisis de seguridad en tres décadas: entre 2018 y 2025, las denuncias por extorsión se multiplicaron por más de ocho, llegando a 26.500 casos anuales. La candidata prometió durante la campaña un gobierno de mano dura frente a la criminalidad, aunque analistas como el politólogo Eduardo Dargent advierten que garantizar la gobernabilidad y cumplir esas promesas serán los primeros y más difíciles obstáculos de su gestión.
El proceso de transición ya comenzó: el 9 de julio Fujimori mantuvo un primer encuentro con Balcázar en la sede de Fuerza Popular, y para este jueves está prevista una reunión formal en el Palacio de Gobierno. Mientras tanto, su rival Roberto Sánchez, que reconoció el resultado a regañadientes días atrás, convocó para este miércoles una manifestación en Lima exigiendo la liberación del ex presidente Castillo, condenado a más de once años de prisión, y justicia por los 50 civiles muertos durante las protestas que siguieron a su destitución, reprimidas bajo el gobierno de Boluarte con el apoyo parlamentario del fujimorismo.