El Tribunal de Apelación de París redujo este martes la pena de inhabilitación que pesaba sobre la líder de extrema derecha Marine Le Pen, en un fallo que despeja el camino para que compita en las elecciones presidenciales de 2027. La corte fijó una inhabilitación de 45 meses, de los cuales solo 15 son de cumplimiento firme, lo que le permite conservar sus derechos políticos. A eso se suma una condena a tres años de prisión —dos de ellos en suspenso— y una multa de 100.000 euros, en el marco de la causa por malversación de fondos del Parlamento Europeo que la tuvo como principal acusada junto a otros integrantes de su partido, Agrupación Nacional (RN).
El dilema del brazalete electrónico
El año de prisión no exento de cumplimiento deberá afrontarlo bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica cuyas condiciones definirá un juez de ejecución de penas. Esa exigencia introduce una incógnita sobre sus planes: Le Pen había señalado públicamente que un candidato presidencial necesita «total libertad de movimientos», algo incompatible, a su juicio, con portar ese dispositivo durante la campaña. Por eso, pese a que la Justicia le habilitó formalmente la vía electoral, la decisión final sobre si se presentará o cederá su lugar a Jordan Bardella, actual presidente de RN y su delfín político, seguía sin confirmarse tras el fallo. Se espera que la propia dirigente despeje esas dudas esta misma noche, en una entrevista televisiva.
El tribunal encontró a Le Pen y a otras once personas culpables de haber desviado más de 2,8 millones de euros que el Parlamento Europeo destinaba al pago de asistentes parlamentarios, fondos que en los hechos fueron utilizados para costear personal del partido entre 2004 y 2016. Al leer la sentencia, la presidenta del tribunal remarcó que un dirigente político debe ser ejemplar en el cumplimiento de la ley, aunque los jueces también señalaron que la pena de inhabilitación se ponderó teniendo en cuenta la libertad de las candidaturas y el derecho de los votantes a elegir libremente.
La resolución llega diez meses antes de los comicios y representa una revisión sustancial de la sentencia de primera instancia, dictada en marzo de 2025, que había condenado a Le Pen a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación con aplicación inmediata, una pena que en ese momento bloqueaba por completo sus aspiraciones presidenciales. La dirigente, que ya había llegado a la segunda vuelta en 2017 y 2022 frente a Emmanuel Macron, apeló ese fallo y hoy figura como una de las favoritas en las encuestas de cara a 2027, en un escenario sin la presencia del actual mandatario francés, que no puede competir por la reelección.
Desde el inicio del proceso, Le Pen sostuvo que se trataba de una persecución política y contó con el respaldo público de aliados internacionales como Donald Trump. Su partido, heredero del antiguo Frente Nacional fundado por su padre Jean-Marie Le Pen, viene creciendo en las encuestas en los últimos años, impulsado por un discurso centrado en la limitación de la inmigración y el endurecimiento de las políticas de seguridad. Con la definición judicial ya conocida, la incógnita pasa ahora por saber si será ella o Bardella quien encabece la candidatura de la ultraderecha francesa en 2027.