Bruselas fue este martes escenario de la firma definitiva del Tratado sobre Gibraltar, el acuerdo que pone punto final al largo proceso de desconexión británica del bloque comunitario. La rúbrica, realizada sin declaraciones públicas, corrió a cargo del secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en un acto que contó con la presencia del ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, y del jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares. El propio Albares calificó lo ocurrido como «la última pieza del brexit», una década después de que los británicos votaran en referéndum su salida de la Unión Europea. El texto había sido consensuado en junio de 2025 y publicado oficialmente en febrero de 2026, y entrará en vigencia a partir de este mismo miércoles.
La consecuencia más visible del pacto, y la de mayor peso simbólico para España, es la desaparición de la Verja que durante décadas separó el territorio español del Peñón. A partir de ahora, las fronteras físicas entre Gibraltar y el espacio Schengen quedan eliminadas, y será España la encargada de ejercer los controles migratorios en el puerto y el aeropuerto gibraltareños, funcionando de facto como la puerta de entrada al área sin fronteras internas europeas. Para ello, las autoridades españolas tendrán acceso a las bases de datos comunitarias y gestionarán los visados de corta estancia cuando el destino final sea Gibraltar, aunque Londres retiene la potestad de otorgar los permisos de residencia, con capacidad española de veto por razones de seguridad o salud pública.
Precisamente ese mecanismo de objeción es uno de los puntos más sensibles del tratado. Gibraltar podrá seguir concediendo o renovando permisos de residencia, pero deberá comunicarlo previamente a España, que dispondrá de 28 días para oponerse si detecta una amenaza al orden público, la seguridad interior o la salud pública —incluidas alertas registradas en el Sistema de Información Schengen—. Si eso sucede, el Reino Unido queda obligado a no emitir ni renovar el documento. España, además, conserva la facultad de pedir la revocación de un permiso ya otorgado cuando surjan indicios de riesgo, revocación que Londres deberá ejecutar de inmediato. Un mecanismo similar, aunque con plazos más breves —14 días—, rige para las solicitudes de asilo presentadas en territorio gibraltareño.
Tabaco y comercio, los otros ejes del acuerdo
El tratado dedica un capítulo específico al comercio del tabaco, con el objetivo declarado de frenar el contrabando hacia territorio español. Se fija un impuesto especial mínimo de 115 euros por cada mil cigarrillos y se establece que la diferencia de precio final entre un paquete gibraltareño y uno español no podrá superar los 0,80 euros o el 15%. Para puros, puritos y tabaco de liar se fijan gravámenes equivalentes, mientras que los viajeros que crucen por tierra podrán llevar sin pagar impuestos hasta 200 cigarrillos —80 en el caso de los trabajadores transfronterizos—, 100 puritos, 50 puros o 250 gramos de picadura. Gibraltar, por su parte, se compromete a adoptar un sistema de trazabilidad tabaquera equiparable al vigente en la Unión Europea.
En materia comercial, el acuerdo crea una unión aduanera que suprime las trabas al tránsito de mercancías por tierra. España será la responsable de custodiar la integridad del mercado único a través de controles aduaneros en tres puntos de su territorio —Algeciras, La Línea de la Concepción y Sagunto—, verificando que todo lo que ingrese cumpla con los estándares sanitarios y de seguridad europeos. También se prevé la creación de un organismo independiente, con participación activa española, encargado de vigilar que la fiscalidad gibraltareña no genere distorsiones económicas en la región. A esto se suman compromisos de cooperación policial y judicial, y la adhesión de ambas partes al principio de «igualdad de condiciones» en materia laboral y medioambiental.
Desde la Comisión Europea remarcaron que el objetivo del pacto es «garantizar la prosperidad futura de toda la región» y aportar «confianza y seguridad jurídica» a los cerca de 15.000 trabajadores que cruzan a diario entre ambos lados de la frontera. Con la firma de este martes, Bruselas y Londres cierran así uno de los últimos y más complejos capítulos pendientes del brexit, una herida que durante años pareció de difícil resolución y que ahora encuentra desenlace en un clima de relación bilateral en franca recomposición.