El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el envío de 4.000 efectivos entre policías y militares a la capital del país como parte de un nuevo operativo de seguridad, en respuesta al aumento de robos registrado en las últimas semanas y a hechos de fuerte impacto público, como el hallazgo de un cuerpo colgado de un puente en la ciudad. «Ya defendimos una vez esta ciudad de quienes pretendían imponer el caos y la anarquía, hoy lo volveremos a hacer», planteó el mandatario en un video difundido en sus redes sociales, al presentar la medida como parte de la ofensiva contra el crimen organizado que sostiene desde el inicio de su gestión.
Cómo funcionará el despliegue
El denominado Plan de Protección de Quito contempla el refuerzo de 2.000 policías y 2.000 militares adicionales en puntos considerados de mayor circulación, como accesos a lugares de trabajo, escuelas, estaciones del metro, paradas de colectivos, mercados, bancos y centros comerciales. Según trascendió, los operativos se concentrarán en dos franjas horarias específicas —entre las 4 y las 11 de la mañana, y entre las 17 y las 2 de la madrugada—, coincidentes con los momentos de mayor movilidad en la ciudad. El esquema también incluye un refuerzo tecnológico y logístico, con la incorporación de cien vehículos y motocicletas y 20 drones, además de controles más estrictos en los ingresos a la capital y en corredores identificados como rutas utilizadas por estructuras criminales, entre ellos la avenida Simón Bolívar.
La medida se enmarca en la estrategia que Noboa viene desplegando desde comienzos de 2024, cuando declaró a Ecuador en estado de «conflicto armado interno» frente al aumento sostenido de homicidios y hechos violentos en el país. Desde entonces, Pichincha —la provincia donde se ubica Quito— forma parte de las diez jurisdicciones que permanecen bajo estado de excepción, una herramienta que el Gobierno utilizó de manera recurrente para intensificar la presencia de fuerzas de seguridad en los territorios más golpeados por la violencia. «Cada ataque tendrá una respuesta más fuerte», advirtió el mandatario al justificar la nueva escalada del operativo en la capital.
Entre la eficacia y las advertencias sobre derechos humanos
La apuesta por una presencia masiva de fuerzas armadas y policiales en las calles abrió, sin embargo, un debate más amplio sobre los límites y los riesgos de esta estrategia. Mientras el Ejecutivo defiende el despliegue como una respuesta necesaria frente al avance de organizaciones criminales, distintas voces de la sociedad civil y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo sobre los riesgos de abusos, la prolongación indefinida de las medidas excepcionales y el impacto que este tipo de políticas puede tener sobre el funcionamiento del sistema judicial y las garantías constitucionales.
En ese marco, especialistas también apuntan a la dimensión regional e internacional que atraviesa la estrategia de seguridad ecuatoriana, en particular la cooperación con Estados Unidos y el rol que viene teniendo la administración de Donald Trump en la lucha contra el crimen organizado en la región, a lo que se suma el inicio de un nuevo vínculo de colaboración con el Gobierno de Colombia. Ese contexto plantea interrogantes sobre los resultados concretos que este tipo de operativos dejó en otras ciudades del país, como Guayaquil, y sobre qué impacto puede tener el refuerzo de 4.000 efectivos en Quito, tanto en términos de reducción de la violencia como de eventuales tensiones con el respeto de los derechos humanos.