La polémica por la exposición de periodistas, medios y figuras políticas en un informe sobre la actividad de bots y cuentas coordinadas llevó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a aclarar la postura de su Gobierno. La mandataria rechazó que se haya elaborado una “lista negra” o que exista una política de censura, aunque reconoció que la mención de nombres pudo haber generado un problema y planteó la posibilidad de evitarlo en futuras presentaciones.
La controversia se originó luego de una exposición realizada por la funcionaria Luisa María Alcalde, en la que se analizó una presunta red de amplificación digital de contenidos críticos contra el Gobierno. El informe incluyó referencias a más de 50 periodistas, comunicadores y medios, lo que provocó cuestionamientos de los señalados y de organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa.
Según la explicación oficial, el estudio buscó mostrar cómo determinados contenidos publicados en redes pueden ser retomados y amplificados por cuentas anónimas, trolls y bots hasta convertirse en tendencias. El análisis, elaborado sobre siete meses de monitoreo, identificó cuatro niveles dentro de esa dinámica y aseguró haber detectado más de 560.000 cuentas automatizadas y millones de publicaciones relacionadas con campañas digitales contra la administración federal.
La respuesta de Sheinbaum ante las críticas
Frente a las acusaciones de que la presentación podía interpretarse como un señalamiento desde el poder hacia periodistas críticos, Sheinbaum sostuvo que los nombres fueron utilizados únicamente como ejemplos y que su aparición no implicaba atribuirles participación en una estrategia coordinada. “Si generó un problema, pues que ya no se digan estos nombres”, afirmó, aunque defendió la continuidad de los análisis sobre desinformación y el derecho de réplica del Gobierno.
Las reacciones, sin embargo, mantuvieron abierto el debate. Organizaciones como Artículo 19 y representantes de la prensa advirtieron que la exposición pública desde espacios oficiales puede favorecer campañas de hostigamiento, especialmente en un contexto de violencia contra periodistas. Tras la difusión del informe, algunos de los comunicadores mencionados denunciaron ataques y mensajes intimidatorios en redes sociales.
Mientras el Gobierno insiste en que no censura a ningún medio y que busca responder a contenidos que considera falsos o manipulados, la polémica puso nuevamente el foco sobre los límites entre el derecho de réplica, el monitoreo de la conversación digital y la responsabilidad de las autoridades al identificar públicamente a periodistas y medios críticos. La propuesta de Sheinbaum de dejar de mencionar nombres apunta a bajar la tensión, aunque la discusión sobre el alcance de estas prácticas continúa abierta.