El gobierno provisional de Venezuela y un sector de la oposición iniciaron formalmente una nueva mesa de diálogo en Caracas con el objetivo de avanzar en un proceso de transición política y atender las consecuencias del terremoto que afectó al país el 24 de junio. Las conversaciones, impulsadas con respaldo de Estados Unidos, reunieron a delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez, por el oficialismo, y la exdiputada Dinorah Figuera, por la oposición, que acordaron mantener una primera fase de trabajo en sesión permanente hasta el 12 de agosto.
Durante la reunión, ambas partes consensuaron la metodología de las negociaciones y ratificaron una agenda centrada en la recuperación institucional, la protección de los derechos políticos y civiles y la respuesta a la emergencia humanitaria provocada por el sismo, que dejó más de 6.100 muertos. También suscribieron principios como el respeto mutuo, la negociación de buena fe, la igualdad entre las delegaciones y el cumplimiento verificable de los compromisos que se alcancen.
Hoja de ruta para la democratización
La oposición adelantó que el cronograma de trabajo contempla presentar antes de fin de año propuestas para reformar las principales instituciones del país. Entre los ejes acordados figuran la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y el restablecimiento pleno de los derechos políticos y civiles. Según Figuera, el objetivo es que esos avances permitan convocar a futuras elecciones con mayores garantías de transparencia y credibilidad.
El proceso cuenta con el respaldo de la administración de Donald Trump, que calificó el diálogo como una «oportunidad única» para avanzar hacia la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación nacional. Desde Washington reiteraron su apoyo a las conversaciones e instaron a todas las partes involucradas a contribuir para que las negociaciones produzcan resultados concretos en beneficio de la población venezolana.
Sin embargo, el inicio del diálogo también estuvo marcado por cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolló el encuentro. La reunión se llevó a cabo con un fuerte control sobre la información, sin acceso de la prensa independiente y con restricciones para los propios delegados. Además, organizaciones periodísticas denunciaron que una periodista fue retenida por hombres armados al retirarse del lugar, quienes revisaron su teléfono y eliminaron el material fotográfico obtenido durante la cobertura.
La nueva mesa de negociación no incluye a los principales referentes de la Plataforma Unitaria Democrática, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, aunque ambos sectores expresaron su respaldo a cualquier iniciativa que permita avances reales hacia una transición democrática. La mayor coalición opositora insistió en que el éxito del proceso dependerá de que las conversaciones se traduzcan en medidas concretas, entre ellas el fin de la persecución política, el regreso de los exiliados y la recuperación de instituciones independientes.