La mesa de diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición venezolana avanzó en los últimos días con una agenda que incluye la restitución de derechos políticos y civiles, la renovación de las principales instituciones electorales y judiciales y la posibilidad de facilitar el regreso de dirigentes opositores que permanecen en el extranjero. Entre ellos aparece María Corina Machado, cuya rehabilitación política es planteada como parte de las futuras garantías electorales.
Las conversaciones, iniciadas formalmente a comienzos de agosto, ya permitieron establecer algunos acuerdos iniciales. Entre ellos se encuentra la agilización de los trámites para recuperar las 76 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, valuadas en unos US$4.000 millones, y el avance hacia una renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La administración de esos recursos quedaría bajo control del Tesoro estadounidense, mientras se analiza su utilización para atender las consecuencias de los terremotos registrados en junio.
Una agenda más amplia para la oposición
El diálogo también comenzó a incorporar cuestiones vinculadas directamente con la participación política. Para septiembre está previsto abordar la restitución de derechos civiles y políticos, la rehabilitación de dirigentes y partidos opositores y las condiciones para que los dirigentes que se encuentran en el exilio puedan regresar y participar de una eventual contienda electoral. También se planteó recuperar las tarjetas electorales de distintos partidos para sus representantes.
La agenda incluye además la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reforma del sistema judicial y medidas vinculadas con la libertad de expresión. Entre las propuestas en discusión aparecen modificaciones o derogaciones de normas como la ley contra el odio y la legislación que regula a las organizaciones no gubernamentales. La intención declarada es avanzar hacia instituciones que puedan ser utilizadas por los distintos sectores políticos y no únicamente por el oficialismo.
Uno de los puntos centrales será la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, una institución que durante los últimos años tuvo un papel determinante en decisiones vinculadas con la disputa política venezolana. El proceso apunta a establecer nuevos criterios para la selección de magistrados y a incorporar perfiles con mayor independencia y preparación. En paralelo, el Parlamento ya cuenta con un comité encargado de avanzar en el proceso de postulación de jueces.
El desafío de convertir los acuerdos en cambios concretos
Aunque las conversaciones representan un cambio respecto de anteriores intentos de negociación, el proceso todavía enfrenta diferencias importantes. La oposición reclama, entre otras medidas, la liberación de presos políticos, la recuperación de los espacios institucionales de los partidos y garantías para competir en futuras elecciones. Del lado del gobierno, el diálogo se desarrolla mientras las autoridades buscan avanzar con la reconstrucción del país y la reorganización de distintas instituciones estatales.
La participación de Estados Unidos constituye otro elemento determinante en las negociaciones. Washington respalda el proceso y mantiene influencia sobre algunos de los asuntos centrales, entre ellos la administración de los activos venezolanos en el exterior. El futuro de las conversaciones dependerá ahora de que los compromisos alcanzados durante las primeras reuniones puedan traducirse en medidas concretas y de que las partes logren avanzar, desde septiembre, sobre las garantías políticas y civiles que podrían definir el camino hacia una eventual apertura electoral.