La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, una de las principales referentes de la oposición y aliada del expresidente Rafael Correa, fue detenida este jueves en la provincia de Manabí, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2023. El procedimiento se realizó en Canuto, la localidad donde creció, y tuvo lugar a poco más de un mes de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre. La Fiscalía informó que ejecutó tres órdenes de detención en Manabí y Pichincha, aunque inicialmente no identificó de manera explícita a González entre las personas arrestadas.
La causa que derivó en el operativo, conocida como Laberinto, examina posibles inconsistencias en los aportes recibidos y los gastos de publicidad durante la campaña presidencial de 2023. En paralelo, la dirigente también está investigada en el expediente Caja Chica, que analiza la presunta utilización de dinero en efectivo procedente de Venezuela para financiar aquella candidatura. González negó anteriormente las acusaciones y sostuvo que su partido presentó ante las autoridades electorales la documentación correspondiente a los gastos de campaña. Hasta el momento, las sospechas investigadas no constituyen una condena judicial.
Tras conocerse el arresto, dirigentes de Revolución Ciudadana, el movimiento político fundado por Correa, cuestionaron el procedimiento y reclamaron explicaciones sobre la situación de la ex candidata. La propia González calificó las acusaciones de infundadas y denunció un escenario de persecución política bajo el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Correa también reaccionó públicamente a través de las redes sociales. Desde el oficialismo no se desprende de la información difundida una respuesta que permita dar por probadas las denuncias de persecución planteadas por el correísmo.
Una disputa política en vísperas de las elecciones locales
La detención se produce en un contexto de enfrentamiento entre el Gobierno de Noboa y el principal espacio opositor del país. En marzo, Revolución Ciudadana fue suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral a pedido de la Fiscalía, una medida que le impide presentar candidaturas en los comicios locales de noviembre. González intentó competir por la Prefectura de Manabí con el respaldo de Pachakutik, pero no logró inscribir su postulación. El movimiento correísta sostiene que las decisiones judiciales y electorales buscan reducir su participación política, mientras las investigaciones continúan su curso.
González ganó protagonismo nacional en 2023, cuando fue elegida candidata presidencial de Revolución Ciudadana tras la salida de la contienda del exvicepresidente Jorge Glas. En aquella elección perdió en segunda vuelta frente a Noboa y volvió a enfrentarlo en 2025, cuando el actual mandatario obtuvo un nuevo período de gobierno. Antes de convertirse en una de las principales figuras del correísmo, González ocupó distintos cargos durante la administración de Correa, entre ellos funciones en la Presidencia y en el área de Turismo, además de desempeñarse como asambleísta.
El caso suma tensión al escenario político ecuatoriano, atravesado por la disputa entre el oficialismo y el correísmo, así como por la crisis de seguridad que enfrenta el país. La investigación sobre el financiamiento electoral deberá determinar el origen de los recursos y las eventuales responsabilidades penales de las personas involucradas. Mientras tanto, la detención de González representa un nuevo obstáculo para su espacio político en vísperas de las elecciones locales, en las que Revolución Ciudadana no podrá participar bajo su propia sigla debido a la suspensión vigente.