El Gobierno de Francia anunció nuevas restricciones a las manifestaciones y un refuerzo de las fuerzas de seguridad de cara a las protestas previstas para este sábado, luego de los disturbios registrados el 17 de octubre en distintas ciudades del país. El presidente Emmanuel Macron convocó a un Consejo de Defensa para este viernes, donde se evaluarán medidas adicionales para contener la violencia. Las nuevas movilizaciones, impulsadas por los Chalecos Amarillos y organizaciones sindicales, se producen en medio del malestar social por el encarecimiento del costo de vida y las críticas a la respuesta oficial frente a los incidentes.
Tras una reunión con responsables de inteligencia y seguridad en el Palacio del Elíseo, Macron sostuvo que las autoridades deben actuar con firmeza y reconoció que hubo fallas de previsión ante los episodios del fin de semana anterior. También atribuyó parte de los enfrentamientos a grupos organizados de extrema izquierda, a los que acusó de intentar desestabilizar las instituciones republicanas. El mandatario diferenció esas acciones de otros delitos cometidos durante los disturbios, aunque reclamó sanciones para ambos tipos de conductas. Sus declaraciones se produjeron mientras continúan las investigaciones judiciales para identificar a los responsables.
El dispositivo previsto para el sábado incluirá un aumento del 20% en el despliegue de las fuerzas de seguridad respecto de la jornada anterior, según informó el Ministerio del Interior. El operativo contempla refuerzos policiales y de la gendarmería, unidades especiales, vehículos blindados y helicópteros. También participarán efectivos de la operación militar Sentinelle, que estarán destinados a proteger puntos sensibles, como estaciones, aeropuertos y edificios públicos. Su función no será dispersar manifestaciones ni controlar multitudes, sino liberar personal policial para las tareas de mantenimiento del orden.
Las autoridades podrán prohibir concentraciones que no cuenten con autorización o que representen un riesgo para la seguridad pública, mientras que las marchas sindicales habilitadas podrán recibir recorridos alternativos para evitar daños en zonas comerciales y edificios públicos. En París, además, se dispusieron restricciones específicas a reuniones en sectores de la ciudad y medidas de toque de queda en algunas áreas. El Ayuntamiento también pidió a vecinos y comerciantes que retiren de la vía pública objetos que puedan resultar dañados o utilizados durante nuevos episodios de violencia.
Gestiones políticas en medio de la crisis
En paralelo al operativo de seguridad, el primer ministro Sébastien Lecornu mantuvo reuniones con representantes de partidos políticos y autoridades locales para abordar las consecuencias de los disturbios. El diálogo, sin embargo, estuvo marcado por cuestionamientos de algunos sectores, mientras el Ejecutivo busca sostener contactos con dirigentes de distintas fuerzas. Para el lunes está prevista otra ronda de encuentros con estudiantes, docentes, sindicatos, organizaciones empresariales, representantes territoriales y parlamentarios, con el objetivo de escuchar los reclamos sociales. La Justicia, por su parte, continúa con las investigaciones sobre los hechos del 17 de octubre, que dejaron miles de detenidos y cientos de personas encarceladas, según las cifras difundidas por las autoridades.
Las protestas mantienen abierto un frente de tensión para el Gobierno francés a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027. Los organizadores prevén nuevas movilizaciones durante el fin de semana y anunciaron otras convocatorias para las semanas siguientes, incluida una jornada de huelga prevista para el 5 de noviembre. Mientras Macron insiste en recuperar la calma y endurecer la respuesta frente a los actos violentos, persiste el desafío de atender las demandas vinculadas al costo de vida y evitar que la conflictividad social vuelva a derivar en enfrentamientos y saqueos.